De la redacción de Mirando los Cuarteles
La reciente incautación de un taller clandestino con impresoras 3D y componentes de alto calibre para el ensamblaje de armas en Santo Domingo Este y Los Alcarrizos destapó una vez más una preocupante realidad en la República Dominicana. El crimen organizado no solo opera como una industria sofisticada en el país, sino que de manera sistemática ha penetrado e instrumentado estructuras clave del propio Estado para garantizar su impunidad.
El operativo policial realizado entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre dejó al descubierto la incautación de seis fusiles, una ametralladora Uzi, 26 cargadores, 466 cápsulas y una impresora 3D Ender con kits para armamentos como el AR-15. Este hallazgo expone una evolución operativa que sobrepasa el delito común: se trata de una red transnacional capaz de fabricar e integrar armamento táctico en suelo dominicano, algo que difícilmente ocurre sin alguna forma de cobertura local.
A propósito de este grave hecho, la destacada periodista Edith Febles presentó un riguroso análisis en el programa El Día, transmitido por Telesistema Canal 11. Con sobrada razón, Febles advirtió que este decomiso no representa un evento aislado, sino que se enmarca dentro de un patrón recurrente de vulneraciones a la seguridad pública donde la delincuencia de alto nivel ha operado en abierta connivencia con estamentos oficiales.
En su intervención, la comunicadora trajo a la memoria pública el caso del tráfico de pertrechos desde el propio Estado destapado en noviembre de 2024. En aquella ocasión, la Intendencia de Armas de la Policía Nacional sufrió el desvío de más de 900,000 municiones oficiales valoradas en 92 millones de pesos. Como bien subrayó Febles, esos pertrechos pagados con dinero del pueblo dominicano terminaron abasteciendo a bandas criminales, puntos de drogas e incluso a pandillas en Haití como la 400 Mawozo.
Asimismo, Edith Febles recordó la escandalosa Operación Gavilán de agosto de 2023 en la Procuraduría General de la República. En este esquema, empleados técnicos, fiscales y policías manipularon el sistema informático judicial para borrar 16,958 registros penales. Mediante el cobro de sobornos, esta red eliminó fichas por homicidio, sicariato y narcotráfico, favoreciendo a delincuentes vinculados a casos como Falcón y retirando impedimentos de salida a peligrosos fugitivos.
La periodista también expuso la gravedad del blindaje territorial documentado en el municipio de Miches a raíz del mismo caso Falcón. Redes del narcotráfico instalaron allí su propio tendido clandestino de videovigilancia en postes de luz, entradas al pueblo y embarcaderos. Con esta infraestructura de espionaje, las bandas detectaban cualquier despliegue o patrullaje de las autoridades para evacuar las costas antes de que se ejecutara un allanamiento.
Finalmente, Febles rememoró la firma de acuerdos de inteligencia al margen de la ley entre el Ministerio de Defensa y la empresa privada Aurix en junio de 2020. A esto sumó la penetración del crimen organizado en la esfera política, recordando el preocupante antecedente de legisladores que utilizaron su inmunidad parlamentaria para transportar en sus vehículos a imputados con orden de extradición justo al momento de su arresto.
Todo este entramado documentado por la colega demuestra que, a la par del aparato productivo nacional, en la República Dominicana opera una gigantesca industria invisible dedicada al tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas. La lenta tramitación de estos expedientes en los tribunales y la dispersión mediática de los casos suelen diluir la percepción pública sobre su verdadera gravedad.
Sin embargo, desde Mirando los Cuarteles sostenemos que la evidencia procesal confirma una cruda realidad: el mayor desafío para la seguridad ciudadana y la paz pública no se limita a la delincuencia común de las calles, sino a la connivencia institucional que permite al crimen organizado operar y fortalecerse desde las sombras.
Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026



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